“Me gustaría contarle un sólo caso”, le dije a Nasser bin Abdullah al-Hemidi, el Ministro de Trabajo de Qatar.

“Deje que le cuente la historia de uno de los miles de trabajadores migrantes que están aquí, en Qatar, atrapados por unas leyes injustas.”

Así que le hablé sobre el caso de Benjamín Cruz.

Hace dos meses Benjamín me envió un correo electrónico.

“Estimada Señora –escribió–: Necesito su ayuda”.

“Mi empleador me redujo el sueldo a la mitad y me cambió de trabajo para que me dedicara al corte de mármol pesado.

”Tenía que hacer algo al respecto, de modo que presenté una denuncia en el Tribunal Laboral qatarí. Me tuve que gastar todos mis ahorros, pero tenía que poner la denuncia. Informé de mi caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De eso hace ya 15 meses y no he recibido respuesta alguna.

”Como no puedo trabajar, no puedo ganar dinero. Estoy durmiendo en el sofá de un amigo porque no puedo seguir viviendo en el campo de trabajo.

”Mi empleador se niega a firmar los documentos que me autorizarían a trabajar en otro sitio. Y ahora ha depositado mi pasaporte en el Ministerio del Interior, de modo que tampoco puedo marcharme del país.”

Miles de trabajadores como Benjamín se encuentran atrapados de esta forma en Qatar, donde las leyes están en su contra, donde no existe un proceso independiente de trámite de quejas por medio del cual los trabajadores y los empleadores puedan resolver sus diferencias.

En un país con 1,2 millones de trabajadores/as migrantes, esto es una catástrofe jurídica para los trabajadores.

Los abogados laborales se quedarían perplejos al constatar que una serie de leyes pueden favorecer a una parte más que a otra.

Nuestro equipo jurídico empezó a negociar con el empleador qatarí. Recurrieron a una sencilla táctica legal que no suele fallar: el costo de los gastos judiciales.

Si usted deja a Benjamín libre –negociaron–, él retirará la denuncia contra usted y usted no tendrá que seguir pagando los honorarios diarios de sus abogados.

A este jefe, como a muchos otros, las cuentas le cuadraban. Así que accedió a dejar a Benjamín libre, y firmó un papel sumamente valioso para los trabajadores migrantes de Qatar – el Certificado de Conformidad – que autoriza a la persona a trabajar para otro empleador.

Pero la historia no acaba ahí.

Multa

Como el pasaporte de Benjamín había sido depositado en el Ministerio del Interior, podía verse obligado a pagar una multa de 1.600 USD para recuperarlo, porque su empleador lo había denunciado como fugitivo, a pesar de haberse negado a darle trabajo.

Para un hombre que normalmente gana 400 USD al mes pero que no ha trabajado durante 15 meses, eso es un obstáculo monumental.

Y esta la extraña situación en la que Benjamín terminó encontrándose.

“Querría preguntarle qué podemos hacer por este hombre”, le dije al Ministro de Trabajo.

“Yo misma iré a pagar la multa al Ministerio del Interior, pero esta situación en la que el Ministerio de su propio Gobierno le hace la vida imposible a un trabajador que se hospeda en su país, es injusta.”

Hubo un silencio. “¿Usted pagaría la multa?”, exclamó el Ministro.

“Si tengo que hacerlo, si su Gobierno va a penalizar a este hombre arruinado”, respondí.

“Pero ha infringido la ley”, me dijeron los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

“Dejó de trabajar para su empleador, así que ahora tiene que pagar la multa.”

“Un hombre que ha sido explotado, a quien bajaron el sueldo a la mitad y echaron de su trabajo. ¿Realmente ha cometido un delito?”, pregunté.

“Si usted cree que esto es un delito y no puede hacer nada al respecto, entonces iré a pagar la multa esta tarde.”

En cuestión de minutos me dieron garantías, hicieron una llamada de teléfono y me prometieron que le devolverían el pasaporte.

Libertad

Horas después, aquel mismo día, Benjamín fue conducido a las afueras de Doha en un vehículo del Ministerio de Trabajo, hasta la sede central de la División de Investigación Criminal (DIC).

Se trata de un polvoriento monolito desierto donde son almacenados los pasaportes de miles de fugitivos en el minúsculo Estado del Golfo. Un Estado en el que no hay adónde huir.

Cuando el jefe de la DIC firmó los documentos, el burócrata del ministerio de trabajo que lo acompañaba sacó rápidamente una Blackberry de debajo de su túnica y pidió hacerse una foto con el recién liberado Benjamín Cruz.

Nos alegramos por Benjamín.

Pero ¿qué va a hacer el Gobierno de Qatar con las decenas de miles de casos de otros trabajadores a los que se les deniega el sueldo, atención médica y un alojamiento adecuado?

La respuesta que me dieron es que si un trabajador firma un contrato, tiene que cumplirlo, sin disponer de igualdad de condiciones para objetar el hecho de que el empleador modifique el contrato de trabajo o no le pague el sueldo convenido – situación que se da con muchísima frecuencia.

El Gobierno no asume ninguna responsabilidad a la hora de establecer un salario mínimo; a su modo de ver, es la empresa quien lo fija.

Y si un trabajador huye, la culpa es del trabajador.

No hay libertad sindical, no hay sindicatos para proteger a los trabajadores, no hay un tribunal laboral competente ni un servicio de mediación… No hay nadie que defienda a los trabajadores.

No se trata sólo de un caso extraño.

Desgraciadamente se trata de un caso en el que la legislación está en contra de los trabajadores.

Así es Qatar.

Este artículo de opinión de Sharan Burrow fue publicado por primera vez por Equal Times el 17 de enero de 2013